Violencia política en Castilla–La Mancha

Violencia política en Castilla – La Mancha. Estado de la cuestión.

Es preciso comenzar con una precisión teórica. Cuando hablamos de la violencia política o más concretamente de la represión en la guerra civil se tiende a reducir, con demasiada facilidad, el asunto al ámbito de los asesinatos cometidos o, en todo caso, a las detenciones y cautiverio de los enemigos recíprocos. Es de lo que nos vamos a ocupar en este proyecto, pero no podemos entender que nos referimos a un tema eminentemente físico. Sólo recientemente se ha ido admitiendo la existencia de un periodo de auténtico terror en el periodo de la guerra y, con más dificultad, en la posguerra. Efectivamente, España conoció en general y particularmente por momentos una situación de violencia política sin parangón durante la guerra civil. Unos y otros se prestaron con demasiada frecuencia a aniquilar al contrario sin pararse a aplicar leyes o reglamentos. Ante el vacío de poderes existentes y amparados en los acontecimientos que se estaban produciendo en los frentes, no faltaron en ambos bandos quienes se tomaran la “justicia” por su mano. 

Todas las guerras son crueles y suponen constantes abusos contra los derechos humanos, pero aunque ya sea un tópico insistir, qué duda cabe que las guerras civiles son todavía peores. Por eso el estudio de la represión requiere miras amplias. Primero es preciso comparar situaciones parecidas, es decir, tenemos que estudiar el comportamiento del fenómeno en ambos bandos durante la contienda, pero realizado el primer análisis cuantitativo debemos procurar trascenderlo. Por supuesto que es importante contabilizar, es el primer paso que hemos de dar, pero después se hace necesario avanzar con otras perspectivas que presten más atención a aspectos cualitativos. Estudiar la represión no es sólo cuestión de contar muertos y describir las circunstancias. Debemos considerar la represión de manera mucho más amplia de lo que hasta aquí se ha venido haciendo; este proyecto así se lo propone. Pues además de los asesinatos y las detenciones se violentó a las personas de muchas formas y de manera sostenida durante la dictadura. 

Eso quedará para una segunda fase del proyecto que ahora presentamos, pues dada la condición transversal de la violencia estamos obligados a aplicar perspectivas diversas e interdisciplinares que nos permitan entender aspectos tan complejos como las actitudes de los españoles. Nos referimos, en particular, a la adhesión o colaboración con el régimen que, sin duda, en no pocas ocasiones puede estar relacionada con los efectos de la aplicación de un terror sistemático y multifacético. El miedo sería la mejor forma de explicar este fenómeno, un miedo que penetró en el cuerpo social del país hasta sus últimas consecuencias de tal manera que muchos de los que lo padecieron y sintieron no eran conscientes de hasta qué punto sus vidas cambiaron y se vieron condicionadas por la imposición del Estado franquista. La sospecha, el temor a ser acusado, la necesidad de estar “limpio” de cualquier connivencia con el régimen republicano y sus instituciones y autoridades convirtieron la vida cotidiana de posguerra en asfixiante. Se buscaron avales a toda costa, se llegó a la delación con abrumadora frecuencia y, por supuesto, se abjuró de los principios y las ideas.

Toda una máquina de precisión se puso al servicio del Nuevo Estado: depuraciones, leyes, políticas laborales y sociales, educación y moral, todo sirvió para inocular en los españoles los nuevos valores triunfantes. No hubo un respiro para poder vivir al margen de la situación. Las empresas privadas no daban trabajo a los derrotados, la administración depuró a todos aquellos que no fueran fieles al Glorioso Movimiento Nacional, la Iglesia controló la conducta a través de una férrea moral ultra católica y conservadora en la que la familia, en su modalidad patriarcal decimonónica, se convertiría en pieza clave. La misma vida cotidiana fue objeto de un severo control social que afectó por igual a tabernas y bares -sospechosos de poder albergar reuniones sindicales especialmente prohibidas o de sesgo antifranquista-, prostíbulos –como claros exponentes de la tolerancia de la prostitución legal- o cines –sobre los que gobernadores civiles y eclesiásticos compartían una celosa fiscalización como espacios potencialmente inmorales-. Todos estos lugares de ocio, así como los bailes y verbenas, fueron celosamente vigilados por las autoridades con la intención de evitar subidas de tono en estas manifestaciones o actitudes y comentarios que se pudieran expresar en situaciones distendidas. En suma, con esta fiscalización de las costumbres y del ocio se quería imponer un nuevo estilo de vida que, a juzgar por actitudes y comportamientos posteriores, llegaron a tener un notable éxito entre muchos españoles, si bien, con el paso del tiempo, también provocó muchas actitudes de rechazo o resistencia más o menos pasiva.

En este sentido es muy importante recordar que la violencia fue constante en aquel régimen a pesar de los cuarenta años de existencia y de los cambios experimentados. Por tanto no pensemos que la represión corresponde únicamente al primer franquismo porque, con otras variantes y ritmos, la encontraremos igual de “eficaz” en los años sesenta y setenta.  Asimismo, la desinformación y la incomunicación fueron un complemento eficaz del sistema represivo a través de la coerción psicológica, con unos resultados que provocaron en la memoria social de la sociedad civil la suplantación de la realidad por una imagen o representación construida por la dictadura, de tal manera que los españoles quedaron aislados del exterior y sometidos a la influencia perversa de la ideología dominante. 

En este tiempo de recuperación de la memoria que venimos presenciando, un notable fenómeno revisionista ha venido a retomar con fuerza aquellas viejas y falaces teorías. Se trata de una suerte de literatura que no tiene en consideración el papel fundamental que tuvo la violencia y el terror en la conversión de la rebelión militar en “Alzamiento” y “cruzada” o “guerra santa”. Es un género que olvida, también, la naturaleza violenta del régimen franquista como carácter fundamental a lo largo de toda su larga existencia, “posiblemente porque quizás, con esta violencia, “fue posible la paz” con el franquismo: una paz instrumentalizada al servicio de media España mientras la otra agonizaba, una paz manipulada y adulterada por “Ley de la victoria” a manos del Estado franquista que ha sido caracterizado con la siguiente rotundidad: “el estado victorioso de la guerra civil es un estado terrorista”. Y cuando hay que abordar la “embarazosa” cuestión de la represión franquista y su mayor balance cuantitativo de víctimas en comparación a la represión republicana, ésta se intenta “diluir”, cuando no “justificar”, en el amparo de la “legalidad de posguerra”. Con todo, utilizar los muertos como arma arrojadiza de legitimación propia y demonización ajena, además de conducir a derroteros socio-políticos peligrosos, como ha sentenciado E. Moradiellos, nos lleva a derroteros estériles en el plano historiográfico”.

Por el contrario, después de setenta años todavía no tenemos la misma información para poder estudiar la represión franquista, lo cual no ha impedido que, con un enorme esfuerzo y sorteando todavía incomprensibles barreras en los archivos, se haya avanzado sobremanera en el conocimiento de la cuestión. Sin embargo, y aunque hubiésemos ya calculado de una vez las víctimas de ambos bandos, tanto lo que se refiere a muertos como encarcelados, quedaría todavía un mundo por recorrer. Tenemos que analizar las depuraciones en la Administración pero también en las empresas privadas, las sanciones económicas, el desigual comportamiento de la justicia ordinaria, las recompensas obtenidas por apoyar a uno u otro bloque, etcétera. 

En el caso regional nos encontramos con los dos poderes enfrentados ejerciendo su autoridad a lo largo de toda la contienda. Aunque la mayor parte del territorio se mantuvo leal al bando republicano hasta el final, una parte de las provincias de Toledo y Guadalajara fueron tomadas por los rebeldes en los primeros meses del verano de 1936. Eso nos permite comparar la violencia y el terror desplegados en ambas zonas. Si bien, en un principio, el golpe de Estado provocó un vacío de poder allí donde los rebeldes consiguieron imponerse, el control de las instituciones y del orden público fue más rápidamente cubierto que en la zona republicana donde se produjeron innumerables desmanes que provocaron un buen número de asesinatos. Así, por ejemplo, la provincia de Toledo fue una de las que soportó mayor violencia revolucionaria, sólo superada por Madrid, Barcelona y Valencia. Es más, en términos relativos seguramente ocuparía el primer lugar consolidado, en todo caso, cuando las investigaciones pongan de manifiesto las cifras totales de la represión frentepopulista. Otro tanto ocurre para el caso de la represión franquista ya que la hipótesis global que sostiene Ruiz Alonso, “no demasiado arriesgada”, dice él mismo, es que “con los desaparecidos que faltan, y los muertos producidos entre el maquis, la represión nacional causó alrededor de 5.000 víctimas en la provincia de Toledo”.

Es evidente que el panorama historiográfico regional ha mejorado sensiblemente en los últimos lustros gracias fundamentalmente a la actividad investigadora de la UCLM. Queda mucho trabajo por hacer, y todavía  expresiones como “páramo investigador” o “lagunas importantes” son válidas para referirse a la historiografía de esta región y más concretamente a la de la violencia política republicana y franquista. No sabemos a ciencia cierta cuantos hombres y mujeres murieron o sufrieron algún tipo de represión en esta región producto de los ímpetus revolucionarios de una parte y de la violencia rebelde por otra. Las cifras no lo explican todo, pero son el punto de partida, la base para estudios más complejos, completos y profundos sobre la violencia. 

Para ello será preciso que el interés despertado por estas cuestiones entre amplios sectores de la ciudadanía anime a instituciones públicas e intereses privados a la financiación y publicación de trabajos de esta índole. Asimismo, la situación de los archivos nacionales y regionales tendrá que facilitar la labor de los investigadores aunque mucho nos tememos que esta es una cuestión que desborda las competencias de los responsables autonómicos.